Multa de 200€ anulada por silencio de la DGT (y por qué pasa más de lo que crees)

En este caso recurrimos una multa de la DGT de Huelva de 200€ por un supuesto estacionamiento peligroso en la HU-3200, en Mazagón (Huelva). Lo importante no es solo el importe de la sanción, sino cómo acabó el expediente: la Administración no respondió como debía y el procedimiento terminó quedando sin resolución en plazo.

Esto es más habitual de lo que parece. Cuando una persona recurre a tiempo, pide prueba útil y obliga a la Administración a sostener lo que denuncia, muchas veces aflora el verdadero problema: el expediente no está tan bien armado como parecía al principio. Y si además no se dicta resolución sancionadora dentro del plazo legal, entra en juego la caducidad del procedimiento. En este caso, la multa anulada por caducidad no se explica por una simple formalidad, sino por una mala tramitación del expediente. BOE: art. 112 RDL 6/2015

¿Qué decía la multa de la DGT de Huelva?

La DGT notificó una denuncia por infracción del art. 91.1 del Reglamento General de Circulación, calificada como grave, con una multa de 200€ y sin pérdida de puntos.

Según la descripción de hechos, el vehículo estaba estacionado ocupando la totalidad del arcén y parte del carril derecho, generando una obstaculización grave para el resto de usuarios de la vía.

El problema es que en la notificación se indicaba que no se pudo entregar la denuncia en el acto “por los motivos que constan en la misma”, pero en la documentación recibida por el interesado esos motivos no aparecían de forma clara. Y eso ya obligaba a mirar el expediente con más cuidado. En otras palabras, la multa de la DGT de Huelva partía de una versión de hechos muy grave, pero la documentación inicial no permitía darla por buena sin más.

Qué alegamos en defensa

En el primer escrito negamos los hechos y explicamos un dato importante del caso: ese mismo vehículo ya había sido denunciado por el mismo estacionamiento, en el mismo lugar, pero con otra calificación distinta y con otro encaje normativo. Esa otra denuncia, además, se había abonado con reducción.

Eso abría una línea defensiva muy clara. Si el coche no se había movido y la situación era la misma, no tenía sentido tratarlo como si fueran hechos completamente nuevos e independientes. Había que revisar si realmente estábamos ante una segunda sanción por una misma situación continuada.

Además, pedimos algo básico: prueba de verdad. Solicitamos que se incorporara al expediente una fotografía útil o cualquier otro medio que permitiera comprobar bien lo denunciado, y también el interrogatorio de los agentes. En una infracción de estacionamiento, donde el vehículo permanece parado, no estamos ante un hecho instantáneo imposible de documentar.

Qué hizo la Administración

La respuesta de la Administración fue insuficiente. Tras las alegaciones, remitió una imagen de mala calidad, en blanco y negro y sin nitidez suficiente para apreciar con claridad si existía invasión real del carril, dónde empezaba exactamente la calzada o si el vehículo estaba creando el peligro que se describía en la denuncia.

Pero el problema no era solo la mala calidad de la foto. Lo más relevante es que no se dio una respuesta clara al resto de prueba solicitada, ni se explicó de forma convincente por qué no se practicaba el interrogatorio de los agentes. Es decir, se aportó una prueba débil y al mismo tiempo se dejó sin resolver lo demás. Y eso era especialmente importante porque estábamos ante una multa de la DGT de Huelva que se estaba sosteniendo con una prueba muy débil.

Por eso presentamos un segundo escrito. Insistimos en tres ideas: la fotografía no servía para acreditar bien los hechos, se había entregado tarde y se estaba limitando el derecho de defensa al no permitir una prueba realmente útil. También pedimos una imagen en mejores condiciones y la ampliación de prueba respecto de otros implicados que aparecían en la propia fotografía.

Dónde estuvo la clave: el plazo y la caducidad

En los procedimientos sancionadores de tráfico, la propia normativa establece que el procedimiento caduca si transcurre el plazo máximo sin que se dicte resolución sancionadora, salvo que exista una causa legal de suspensión. El art. 112.3 del texto refundido de la Ley de Tráfico lo recoge expresamente.

Dicho de forma sencilla: recurrir no garantiza nada por sí solo, pero obliga a la Administración a mover el expediente y a justificar bien la sanción. Si no lo hace, si no practica bien la prueba y si además deja pasar el tiempo sin resolver, el procedimiento puede caducar.

Y eso es exactamente lo que hace que este tipo de casos sean tan importantes para quien recibe una multa. Muchas sanciones no se mantienen por una cuestión de fondo brillante o por una teoría rebuscada, sino porque el expediente tiene grietas, la prueba no convence y la Administración no termina de cerrarlo en plazo. Por eso, cuando alguien recibe una multa de la DGT de Huelva o de cualquier otra jefatura, no debería dar por hecho que la versión administrativa va a mantenerse intacta hasta el final.

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Aviso legal: este contenido es información general y el resultado puede variar según la fecha, la vía, la administración actuante y la documentación del expediente. El asesoramiento jurídico individual solo es posible tras estudiar tu caso concreto.