Multa de 200€ anulada por silencio de la DGT (y por qué pasa más de lo que crees)

Recurrimos una multa grave de 200€ de la DGT (Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva) por un estacionamiento supuestamente peligroso en la HU-3200 (Mazagón).

A día de hoy, la Administración no ha contestado y el expediente ha quedado “en el aire”, algo que en tráfico suele acabar con una consecuencia muy concreta: caducidad si no se dicta resolución sancionadora en plazo.

Situación inicial (lo que le llega al conductor)

La DGT notifica una denuncia por infracción del art. 91.1 del Reglamento General de Circulación, calificada como grave, con una multa total de 200€ y sin pérdida de puntos.

El “hecho” descrito es muy serio: vehículo estacionado ocupando “la totalidad del arcén y parte del carril derecho”, obstaculizando gravemente y obligando a otros a invadir el sentido contrario.

En la notificación se indica que no se pudo notificar en el acto “por los motivos que constan en la misma”, pero en el documento recibido por el interesado no aparecen esos motivos.

Lo que hicimos (alegaciones y prueba)

En el primer escrito negamos los hechos y explicamos el contexto: el vehículo había permanecido estacionado en la misma ubicación durante una estancia en la zona, y ese mismo día apareció otra denuncia distinta, por el mismo estacionamiento, pero con una calificación y encaje normativo diferente (leve), que además fue abonada con la reducción.

Esto abrió una línea defensiva muy potente: si el coche no se movió y hay dos denuncias por el mismo estacionamiento, la Administración no puede tramitarlo como si fueran hechos nuevos e independientes cuando estamos ante una situación continuada.

Además, pedimos prueba útil de verdad: que se incorporase al expediente fotografía u otra evidencia y que se practicara el interrogatorio de los agentes, especialmente importante en infracciones de estacionamiento (no es un hecho “fugaz” imposible de documentar).

Qué hizo la Administración (y por qué fue un error)

Tras las alegaciones, la DGT remitió una imagen de muy mala calidad, en blanco y negro y sin nitidez suficiente para apreciar con claridad dónde empieza la calzada, si existe arcén y si realmente se invade carril o se genera un peligro real.

Lo relevante es que no se pronunció sobre el resto de prueba solicitada en condiciones, ni resolvió de forma clara sobre por qué no practicaba el interrogatorio de los agentes, cuando precisamente la foto no “cierra” el hecho denunciado.

Por eso presentamos un segundo escrito insistiendo en: (1) la insuficiencia de la foto, (2) la entrega tardía del medio de prueba, y (3) la lesión del derecho a usar medios de prueba pertinentes para la defensa, solicitando una foto a color y con resolución adecuada y ampliación de prueba a otros implicados que aparecían en la imagen.

La clave para ganar (silencio + plazos): la caducidad

En los procedimientos sancionadores de tráfico, la propia notificación recuerda que “el procedimiento caducará al año de su iniciación, sin que se hubiera dictado resolución sancionadora”, salvo que concurran causas legales de suspensión.

Cuando el ciudadano recurre, pide prueba pertinente y deja constancia de indefensión, pero la Administración no resuelve, la consecuencia natural es la caducidad del procedimiento por transcurso del plazo máximo, conforme al art. 112.3 del texto refundido de la Ley de Tráfico (RDL 6/2015). En la práctica, muchas multas “se ganan” así: no porque el conductor se quede quieto, sino porque se actúa a tiempo y la Administración no sostiene el expediente con una resolución en plazo.

Aviso legal: este contenido es información general y puede variar según el caso (fecha, vía, municipio y documentación). El asesoramiento jurídico individual solo es posible tras analizar tu multa y el expediente.